Gonzalo Carrillo Gonzales

Se atiende a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de distintos sectores económicos. La asesoría se adapta al tamaño de la organización, número de trabajadores, actividad empresarial y nivel de contingencia legal.

Derecho laboral empresarial, fiscalización de SUNAFIL, seguridad y salud en el trabajo, procedimientos administrativos sancionadores, fiscalización municipal, clausuras, ejecución coactiva y procesos contencioso-administrativos.

Revise inmediatamente la orden de inspección, los hechos investigados, los trabajadores involucrados y los plazos. Conviene evaluar previamente la información y los documentos para evitar respuestas incompletas o contradictorias.

Sí. Se revisan la resolución, notificación, pruebas, trabajadores afectados, cálculo, subsanación y posibles vulneraciones al debido procedimiento para determinar las acciones administrativas o judiciales disponibles.

Una notificación defectuosa puede afectar el derecho de defensa y la validez de actuaciones posteriores. Debe verificarse quién recibió el documento, el domicilio, la modalidad y el cumplimiento de las formalidades legales.

Puede ocurrir cuando existen defectos de notificación, falta de pruebas, errores de tipificación o cálculo, subsanación, prescripción, vulneración de plazos u otras causas sustentadas. Cada expediente se analiza individualmente y no se garantizan resultados.

Según el caso: orden de inspección, requerimientos, notificaciones, acta de infracción, imputación de cargos, descargos, informe final, resolución, recursos y documentación laboral relacionada, incluyendo las fechas exactas de recepción.

Realizar auditorías preventivas de contratos, planillas, jornadas, pagos, beneficios, SST, reglamentos, registros y procedimientos internos para detectar contingencias y adoptar correcciones verificables.

Sí. La asesoría comprende diagnóstico del sistema, documentos, comité o supervisor, capacitaciones, registros, investigación de accidentes, equipos de protección y defensa ante fiscalizaciones de SST.

Debe revisarse el acta, causal, competencia, formalidades, plazos y posibilidades de subsanación o levantamiento. Según el caso pueden corresponder oposición, descargos, apelación, silencio administrativo o caducidad.

Sí. Puede revisarse la exigibilidad, notificación, impugnaciones pendientes, prescripción y regularidad del procedimiento para evaluar suspensión, nulidad u otras medidas.

No. La evaluación identifica riesgos, alternativas y una estrategia preliminar. El resultado depende de los hechos, documentos, pruebas, plazos y criterio de la autoridad.

Se establecen después de revisar la complejidad, etapa, documentación, urgencia, actuaciones necesarias y nivel de acompañamiento. El alcance y las condiciones económicas se informan antes de iniciar el servicio.

Sí. Los documentos y antecedentes proporcionados se tratan de forma confidencial y se utilizan únicamente para evaluar o atender el asunto encargado, conforme a los deberes profesionales aplicables.

Sí. Las evaluaciones, reuniones, revisión de expedientes y coordinación pueden realizarse virtualmente. También se ofrece atención presencial y acompañamiento cuando el caso lo requiere.